Píndaro Guillermo Castillo González
La trata de
personas o comercio de personas, es una actividad ilícita que priva la libertad
del individuo y va contra los derechos que marca la constitución de cualquier
país en el mundo. En México es la segunda actividad más redituable, después del
tráfico de drogas y antes de la venta de armas, de acuerdo a unos datos
proporcionados por el “Diagnóstico de las Condiciones de vulnerabilidad que
propician la Trata de Personas en México”.
Tailandia es el país que más realiza el
tráfico de personas y que más provee a los Estados Unidos. Le sigue nuestro
país, que al igual que Tailandia, su principal comprador de esta operación
ilegal es nuestro colindante EUA. Somos el quinto lugar en el mundo que más
realiza la trata de personas.
La trata de
personas es un negocio muy rentable que se promueve en casi toda las entidades
de la nación. Los principales Estados de la República y rutas de redes de
tratantes de personas, se destacan: “Chiapas, Tlaxcala, Puebla, Veracruz,
Tijuana, Ciudad Juárez, Distrito Federal, Oaxaca, entre otras”, según
información proporcionada por la diputada federal por el PAN Rosy Orozco,
Presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas.
Los
problemas en los últimos años, han
desatado conflictos que se derivan (el crimen organizado aprovecha), por
ejemplo: los migrantes de Guatemala, Honduras, El Salvador, entre otros de
Centro América, que cruzan nuestras regiones en busca de una vida más
favorable, pero en este recorrido se topan con los Grupos Criminales,
utilizándolos para realizar distintas actividades que favorecen a la
delincuencia. Lo que genera otra fuente de ingreso para el crimen organizado.
Los
principales atentados que se realizan de los Cerca de 12 millones anuales de
personas
que son víctimas de trata “el 79% son utilizadas para explotación
sexual, 3% extracción de órganos y 18 %
explotación labor. De los cuales 3.6 millones de personas, el 31% son menores
de edad, con edades entre 5 y 17 años, y el
70% son personas migrantes e
indígenas obligados a realizar trabajos peligrosos para su seguridad, salud y
moral en condiciones de trata”, cifras desplegadas por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI).
La entidad
más afectada por la privación de la libertad y explotación, es Chiapas, ya que
es una región susceptible por la poca posibilidad de ingresos que se tiene, las
carencias que presenta la entidad lo hacen apto, para explotar al 100%, niños,
jóvenes y adultos. Problemática que
nuestro ilustre gobierno debe de tomar en cuenta, para que no sea una fuente
económica para las redes criminales que proliferan en su mayoría en esa región.
Atentar contra la vida de las personas debe ser algo intolerable, que debe
tratarse y eliminarse de raíz, antes de que las cosas se salgan de control. Los
grupos delictivos aprovechan la poca prontitud del gobierno, para pasar sobre
la ley.
En México, 28 Estados y el Distrito Federal
tienen una ley establecida sobre la trata de personas, de los cuales 13 tienen una ley especial
sobre protección a las víctimas y cuatro estados no lo tienen en el código
penal. El comercio de personas debe ser tan penado cómo la venta de
estupefacientes, sin embargo, en varios estados no lo tienen establecido como una
infracción fuerte, lo que hace más penosa la situación en la ejecución y
aplicación de la ley.
En los
últimos años, la trata de personas o esclavitud del siglo XXI, como a sido llamado
por muchas instituciones que luchan por ésta causa, que es inmoral y atroz en
toda la extensión de la palabra. “La
Comisión Nacional de Derechos Humanos, instaló en septiembre de 2009, el
Observatorio Nacional contra la Trata de Personas, e igualmente estableció el
Programa Nacional contra la Trata de Personas en 2007, dentro del cual
estableció varios Comités Regionales, los cuales, mediante un equipo
interinstitucional e interdisciplinario, atienden el delito en varias regiones
del país. Varias organizaciones como ECPAT, CEIDAS, también están unidos en la
lucha para erradicar este delito”.
Se puede ver que existen organismos que le dan frente al
problema, lo que debe ser tema de los altos mandos gubernamentales, para
mejorar la situación que se vive en esas entidades, logrando salvaguardar a las
personas que posiblemente puedan caer en manos de los grupos delictivos.
Reforzar las poblaciones donde se ubican altos índices de
privación de libertad, para ejecutar nuevas medidas que disminuyan rápidamente
el conflicto. Así mismo, se aplique todo el peso de la ley, para aquellos que
se aprovechen de la libertad de las personas, que se marca en el artículo 2° de
la Constitución Política de nuestro país. Dice “está prohibido la esclavitud,
sin importar si eres extranjero”, la libertad es un derecho que no influye en
la nacionalidad o el color de piel, es algo que todos tenemos como seres
humanos.
Aquí te dejo un video, que espero y te ayude a dejar más en
claro, que atentar contra el propio hombre es una actividad que debe de ser castigada.
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